Con la ejecución de más de 400 operativos sorpresa, la Administración Municipal logró identificar y suspender 77 obras ilegales que se ejecutaban en diferentes puntos de la capital santandereana, durante 2017.
Expansión del inmueble a nuevos niveles, invasión del espacio público y alteración de la fachada, son el tipo de irregularidades que más hallaron las autoridades locales en las visitas de control a construcciones.
Aunque se cree que este tipo de acciones ilícitas se cometen con mayor frecuencia en sectores residenciales del Norte y el Sur de la ciudad, en donde actualmente existen decenas de barrios sin legalizar, según la Alcaldía la mayoría de estas 77 obras se descubrieron en los estratos socio-económicos más altos.
“Parece mentira, pero los ciudadanos de estratos 4, 5 y 6 son quienes más realizan obras ilegales o sin permiso. Esto lo evidenciamos tras realizar más de 400 operativos en construcciones que se adelantan en diversos sectores de la ciudad”, informó Ludwing Mantilla Castro, Subsecretario del Interior.
“Las causas más frecuentes de estas suspensiones fueron por incumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial, ocupación del espacio público y por adelantar trabajos sin licencia de construcción”, indicó el funcionario.
Cuatro demoliciones
Como parte de estos controles, el año pasado el Gobierno Local llevó a cabo la demolición de cuatro construcciones que no cumplían con lo dispuesto por la autoridad competente.
“Aún falta mucha cultura de legalidad en la ciudad. Notamos que en muchas de las obras que visitamos se estaban adelantando adecuaciones o remodelaciones diferentes a las que aprobó la curaduría”, señaló Mantilla Castro.
Además de la destrucción de la obra, aquellas personas que decidan ejecutar reformas o adecuaciones sin los avales correspondientes, también enfrentarían las multas que impone el Código de Policía y sanciones por parte del Municipio.
Lea también: Acueducto podrá tratar agua del embalse a partir de 2019
De acuerdo con lo informado por el Subsecretario del Interior: “las sanciones económicas pueden llegar hasta los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, estamos hablando de más de $140 millones”.
Asesoría sin costo
Para Mantilla Castro, además del comportamiento ilegal, la ciudadanía incurre en esta omisión a las normas debido al desconocimiento que se tiene sobre las leyes vigentes.
“Muchas personas ponen en marcha construcciones y no saben qué deben hacer o cumplir. Acá les explicamos a qué entidades deben ir y cuáles son los pasos que deben seguir. Empresarios, constructores y ciudadanía en general, pueden acudir a la Secretaría de Planeación o del Interior a recibir orientaciones sobre la ejecución de obras, para que así cumplan con todo lo exigido por ley; estas asesorías no tienen ningún costo”, dijo el funcionario.
VANGUARDIA