Acusan de corrupción a tres exfuncionarios de la Gobernación de Santander por escándalo del estadio

La Fiscalía General de la Nación acusó a tres exfuncionarios y a un contratista de la Gobernación de Santander por presuntas irregularidades y hechos de corrupción en proyecto para el reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga.

El caso está relacionado con el escándalo por el cual también es investigado, por la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador de Santander Richard Aguilar.

Según la investigación de la Fiscalía, el contratista Octavio Reyes tuvo que entregar $4.374 millones en dádivas a varios funcionarios de la Gobernación de Santander para que la adjudicaran el contrato por $22.000 millones.

Los acusados son la supervisora del contrato Ana Lucia Wandurraga Ballesteros, el abogado Edgar Fabián Baéz Ariza y el asesor jurídico Sergio Andrés Pitta, quienes deberán responder por los delitos de celebración indebida de contratos, prevaricato por omisión y concusión.

Al contratista Octavio Reyes la Fiscalía lo acusaron por el delito de peculado por apropiación tras comprobar que se quedó irregularmente con $1.889 millones del contrato adjudicado en 2015 en el gobierno de Richard Aguilar.

“El contratista, al parecer, obtuvo información privilegiada que le permitió mejorar su oferta y ajustarla al pliego de condiciones. Le habrían reconocido anticipos y adiciones por actividades que nunca se realizaron y por subcontratar empresas que no participaron en el proyecto”, señaló Eduardo Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía.

Según el ente acusador, el dinero que recibió la contratista luego de adulterar los documentos ascendió a 4.312 millones de pesos, los cuales habrían sido utilizados por los integrantes de la unión temporal para el presunto pago de dádivas a funcionarios que direccionaron la contratación.

El pasado 23 de enero un juez de Bucaramanga condenó a Paula Marcela Moreno Martínez, por ser la responsable del delito de falsedad ideológica en documento privado.

“La mujer, entre 2015 y 2016, fungió como representante legal suplente de la unión temporal favorecida con el contrato suscrito en 2015, por un valor total de 22.000 millones de pesos. En la investigación se constató que emitió 19 órdenes de pago en favor de subcontratistas para compra de materiales y otras actividades que nunca se ejecutaron, pero que sirvieron para sustentar el desembolso de un millonario anticipo”, explicó Edward Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía.

Es importante recordar que el exgobernador de Santander Richard Aguilar fue salpicado en este caso de corrupción y enviado a la cárcel el 28 de julio del 2021. Sin embargo, en la noche del viernes 11 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó liberar al exmandatario por vencimiento de términos.