9 diciembre, 2024

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Alcaldesa de Girón y Alcalde de Bucaramanga sancionados por demolición del histórico Puente Nariño

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El Tribunal Administrativo de Santander ha confirmado la sanción impuesta a la alcaldesa de Girón, Yulia Rodríguez, y al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, debido al desacato a un fallo que instaba a realizar obras necesarias para la adecuación, reestructuración o construcción de edificaciones que reemplazaran al histórico Puente Nariño, el cual fue demolido en junio pasado.

El puente, ubicado al norte de Bucaramanga, era esencial para la movilidad de sectores como Bendición de Dios, Brisas del Prado, Hacienda Río de Oro, Bavaria II, Los Parceleros y numerosas veredas del municipio de Girón, siendo utilizado diariamente por aproximadamente 5,000 personas.

La sanción se basa en el incumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal, que incluían la realización de procesos de contratación y obras necesarias para restablecer la conectividad entre la Vereda el Carrizal y el Municipio de Bucaramanga, así como la prohibición de tránsito de motocicletas y cargas pesadas por el puente peatonal que suplía al Puente Nariño.

A pesar de que se llevaron a cabo algunas obras para restablecer la conectividad, el tribunal consideró que estas fueron tardías y que el cumplimiento del fallo fue parcial. La demolición del Puente Nariño ha causado graves perjuicios a la comunidad, especialmente a estudiantes y adultos mayores, quienes se vieron afectados por la falta de acceso entre los municipios.

Ante esta situación, la comunidad ha implementado soluciones temporales, como una balsa improvisada y un teleférico, para permitir el transporte de personas y mercancías entre los municipios. Sin embargo, aún no se ha definido una solución definitiva para reemplazar al Puente Nariño y restablecer por completo la comunicación entre las localidades.

La sanción impuesta a la alcaldesa de Girón y al alcalde de Bucaramanga consiste en una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. La comunidad espera que esta sanción conduzca a una acción más efectiva por parte de las autoridades para resolver el problema de la conectividad en la zona.