Lo han dicho de mil formas sus habitantes y lo han confirmado sus autoridades. El departamento del Cauca atraviesa por una época de incertidumbre, donde frecuentes incidentes con saldos de muerte indican el incremento de una violencia causada por el reacomodo de los grupos delincuenciales y las dificultades del Estado para anticiparse a esos hechos o atrapar a sus responsables.
Más de una decena de personas asesinadas y otras tantas heridas durante el mes que termina y en actos que van desde atentados individuales hasta ataques a reuniones públicas, hacen pensar que se están cumpliendo los presagios sobre las dificultades que padecería esa región por lo que se ha llamado el posconflicto. Es decir, lo que podría ocurrir con el fin de las Farc como movimiento armado en los territorios donde hacía presencia e imponía su criterio.
Esas advertencias se han hecho realidad, y no precisamente por esas causas. Desde hace muchos años, el Cauca ha sido epicentro de actividades delincuenciales como la minería ilegal o los cultivos de coca y amapola que se han combinado con la presencia de organizaciones delincuenciales asociadas en grupos guerrilleros o en bandas criminales. Ahora, el final de las Farc ha agregado las denominadas disidencias, además de los realinderamientos territoriales para controlar las actividades delincuenciales que se ejecutan en esas zonas.
Hay pues un estado de conmoción innegable que ha hecho frecuente la realización de los consabidos consejos de seguridad, en Argelia al sur o en Santander de Quilichao al norte. Son la demostración de un ambiente de temor demasiado preocupante, que se agrava ante las dificultades del Estado por hacer presencia para garantizar la tranquilidad de sus habitantes. A ello debe sumarse los continuos actos de algunos grupos indígenas que desconocen los derechos adquiridos conforme a la ley.
Por eso, los caucanos de los municipios distantes de Popayán viven en medio del temor. Hace cuatro días y en medio de uno de esos Consejos de Seguridad realizado en Santander, el Gobernador del Cauca reconoció la delicada situación que padecen los habitantes de Puerto Tejada, Guachené, Santander, Buenos Aires, Suárez, Caloto, Miranda, Corinto, Morales y López de Micay. Y todos por las mismas causas, las guerras por el control del narcotráfico y de la minería ilegal, según el mandatario Óscar Campo.
La situación no es nueva, y a los problemas de orden público debe sumarse la falta de incentivos para el establecimiento de empresas y negocios lícitos que generen desarrollo. Y la situación no es atribuible sólo a la Fuerza Pública, que se multiplica para tratar de evitar lo que es causado por los vacíos que deja el Estado y son ocupados por la delincuencia, llámese como se llame.
Por ello, la Nación debe escuchar la voz del Gobernador y el reclamo de los caucanos. Lo que se está produciendo en el Cauca es una confrontación entre la ilegalidad en todas sus formas y el derecho a tener una región en paz y próspera. Ya no es momento para retóricas sino para actuar y devolverle las esperanzas al Cauca y a quienes lo habitan.
Fuente: elpais.com.co
