Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez

Pedimos ayuda a todos los colombianos y a los amigos del país que viven en el exterior, a nuestros embajadores, cónsules y conciudadanos.

Por favor contactemos por redes, por medio de llamadas directas, e-mails o cartas a medios, periodistas, representantes políticos locales y a influenciadores digitales para que les expliquen lo que realmente está pasando en Colombia.

Hoy una sumatoria de violentos incitados por propaganda y dineros subversivos, sube a las redes información falsa contra la policía y el gobierno de Iván Duque, nos inundan de noticias falsas e historias a medias que luego activistas en redes, corresponsales y agencias de medios, HRW y hasta la ONU, se apresuraron a difundir, sin analizar la verdad de lo que acontece, generando oleadas de enunciados sobre percepciones falsas que a la vez desencadenan violencia y brutalidad digital y multiplicidad de ciberataques.

Las protestas en Colombia, son en su gran mayoría violentas y destructivas, y organizadas con el propósito de destruir valor y crear pánico y más inseguridad ciudadana. El comité del Paro, es una fachada para encubrir actividades destructivas, terroristas y subversivas contra la sana convivencia ciudadana y el estado de derecho.

Los disturbios son financiados por el narcoterrorismo y están inspirados por el movimiento “Colombia Humana” liderado por Gustavo Petro (ver: M-19), cuyo objetivo es la toma del poder por medio de actividad política fundamentada en la protesta ciudadana, y quien está acompañado de otros líderes que fueron guerrilleros y por narco-terroristas autores de crímenes impunes de lesa humanidad, que fueron llevados al parlamento por el fallido proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC.

Están además infiltradas en la organización de actividades terroristas, el G-2 Cubano, pandillas conectadas con el régimen comunista venezolano, y milicianos urbanos narco-terroristas de las FARC y ELN, liderados por los prófugos de la justicia colombiana que operan todo tipo de actividades criminales desde territorio venezolano y por las llamadas disidencias de las FARC-EP, que se identifican como “Movimiento Bolivariano” y que están apoyados por el dictador venezolano Nicolás Maduro y el líder Diosdado Cabello.

Los disturbios y actos de violencia destructiva urbana y sitio estratégico para desabastecimiento e inmovilización de las grandes ciudades colombianas, hoy son apoyados por los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Zipaquirá y otras ciudades que se suman a una extrema izquierda vinculada a organizaciones crimínales que operan y actúan como guerrilla urbana.

Entre las organizaciones dedicadas a pagar jóvenes para cometer actos vandálicos y linchar y matar policías se destacan el nuevo JM-19, el sanguinario ELN y Las FARC-EP que resurge con fuerza y que, como se dijo antes, hoy cuenta con representantes miembros activos en el parlamento, utilizando lo que siempre han pregonado como: La combinación revolucionaria de todas las formas de lucha por el poder.

Las manifestaciones que se presumen pacíficas sólo cuentan con un pequeño grupo de marchantes que protestan por un sentimiento genuino de inconformidad. Los grupos guerrilleros organizadores respaldados por dineros ilícitos amenazan líderes sindicales y líderes de gremios transportadores y de otras profesiones, obligándolos a participar o pronunciarse en favor de los paros.

La realidad es que, con dineros sucios de FARC, ELN y narcotráfico, pagan y movilizan comunidades indígenas, jóvenes pandilleros urbanos organizados en grupos de vándalos dedicados al micro-tráfico de estupefacientes, que con el fin de destruir la funcionalidad de las ciudades, atacan sistemáticamente objetivos estratégicos como el transporte masivo, los puntos de fácil suspensión del tráfico vehicular y la destrucción de centros de servicios comunitarios como bancos, supermercados, tiendas, centros comerciales y centros de salud.

Defendamos a Colombia y sus ciudadanos de bien, y apoyemos a un presidente y un gobierno honorable, trabajador y bien intencionado, que se ha dedicado a construir con ejemplo de sensatez y mesura una cultura de la legalidad y a respaldar un empresariado que genera y mantiene empleos en medio de la gran crisis por la cual atraviesa en mundo debido al COVID-19.

Promover e incentivar marchas, actividades y congregaciones masivas pacíficas o violentas en medio de la emergencia pandémica por la que pasa el país no solo es un acto inhumano e irresponsable es doloso y delictivo.
Fin. / Difundir.

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