Aunque todos los aspirantes a la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander ya reportaron el informe financiero de sus campañas en el aplicativo del Consejo Nacional Electoral, CNE, hasta la fecha, ahora las dudas saltan sobre la claridad de las cuentas, ya que muchas de ellas contrastan con la realidad electoral que se vive actualmente en Santander.

La excesiva austeridad en el gasto, la falta de claridad de las fuentes de financiamiento y las demoras en los reportes financieros ante el CNE son algunos de los cuestionamientos que elevan veedurías como Transparencia por Colombia, tras el reporte financiero de los actuales aspirantes a la Gobernación y a la Alcaldía.

A 23 días de las elecciones de autoridades locales en el país, ninguna de las 13 campañas a la Alcaldía de Bucaramanga y a la Gobernación de Santander ha superado el 33% del tope máximo de gasto para las actuales elecciones, situación algo atípica que pone en duda la veracidad de los reportes que hacen las candidaturas en Cuentas Claras.

“Sabemos que muchos candidatos guardan buena plata para la última semana y sobre todo para el día de las elecciones, porque ese día sí que se gasta en temas de logística de campaña, pero estamos a menos de un mes y el gasto es muy bajito todavía”, indicó Sandra Martínez, Líder Sistema Político de Transparencia por Colombia.

A la fecha, los candidatos que más han reportado gastos son los aspirantes a la Gobernación Mauricio Aguilar y Elkin Bueno, con $655 millones y $320 millones, respectivamente, invertidos en la actual campaña. Es decir, Aguilar ha gastado el 33% y Bueno el 22% del tope máximo permitido por el CNE.

En el caso a la Alcaldía de Bucaramanga, las campañas que más han reportado gastos son Claudia Lucero López y Fredy Anaya, con $268 millones y $245 millones, respectivamente, invertidos en la actual contienda.

Ambos candidatos han gastado el 21% del máximo permitido por la ley.

Por otra parte, campañas como las de Ariel García y Carlos Toledo reportan que no han gastado ni el 1% del máximo permitido. Según los reportes de los candidatos, a la fecha solo han invertido $3 millones y $15 millones respectivamente.

Caso similar ocurre en las candidaturas a Gobernación, donde los aspirantes Emiro Arias, David Suárez y Ángela Hernández afirman no haber gastado más del 3% del tope máximo del CNE, al supuestamente haber invertido tan solo $15 millones, $41 millones y $67 millones respectivamente.

“Los candidatos siempre se quejan por el alto costo de las campañas, ahí es donde toca preguntarles qué es lo costoso, las actividades legales y permitidas de campaña, o lo costoso es que lleve un año pagándole a un líder en una comunidad para que le tengan cautivos los votos. Porque si cargamos todas las actividades ilegales las campañas son sumamente costosas”, agregó Martínez.

Mientras los aspirantes continúan reportando gastos mínimos en la campaña, una realidad muy distinta se vive en las calles, donde las pautas publicitarias, las avanzadas y las vallas de los diferentes aspirantes cubren gran parte de la capital santandereana.

Vanguardia conoció el más reciente reporte de la Alcaldía de Bucaramanga sobre los permisos de propaganda política en la ciudad y en un ejercicio de comparación con los datos reportados por las diferentes campañas en Cuentas Claras, evidenció que los reportes no concuerdan con la realidad.

Casos como el de la aspirante a la Gobernación Ángela Hernández, quien ante el CNE reporta que únicamente ha gastado $15 millones en vallas publicitarias en todo el departamento, pero en el registro de la Alcaldía la aspirante cristiana tiene nueve vallas expuestas solo en Bucaramanga, con un valor promedio entre $3 millones y $5 millones cada una.

Lo mismo acontece con el también candidato a la Gobernación David Suárez, quien en el reporte de Cuentas Claras afirma que no ha realizado gasto alguno en vallas publicitarias, aunque en Bucaramanga tiene actualmente siete vallas.

Situación similar ocurre con las campañas a la Alcaldía de Bucaramanga, donde candidatos como Jaime Andrés Beltrán, quien ante el CNE reporta gastos en vallas por $39 millones, pero actualmente tiene publicados 13 de estos pendones en el municipio, con un valor promedio de $65 millones.

Así mismo, las veedurías ciudadanas prendieron las alarmas por el alto índice de dependencia del financiamiento privado por parte de las diferentes campañas políticas.

Según el reporte de las 13 candidaturas a la Gobernación y Alcaldía, solo una campaña, la de Ángela Hernández, reporta ingresos públicos de $50 millones aportados por el Partido de la U a su candidatura.

Todas las demás campañas, afirman que sus recursos provienen de recursos propios, aportes de familiares o donaciones de particulares. Ningún candidato reporta créditos.

Todas las demás campañas afirman que sus recursos provienen de recursos propios, aportes de familiares o donaciones de particulares. Ningún candidato reporta créditos.

Según lo consignado en en el CNE, candidatos como Fredy Anaya afirma que su hijo Andrés Felipe Anaya, un joven de 23 años, es uno de sus mayores aportantes con $100 millones donados. Caso similar ocurre con la también aspirante a la Alcaldía Claudia Lucero López, quien afirma que los mayores donantes de su campaña son sus padres, Zoraida Rodríguez, (abuela del gobernador Didier Tavera), con $150 millones.

En el caso de la Gobernación, la campaña de Mauricio Aguilar, que es la que más ingresos ha reportado con un monto de $1.500 millones, asegura que los recursos provienen de dos créditos adquiridos con Confinautos Ltda, y un millón que le aportó Judith Hurtado, su señora madre.

Por su parte el candidato con el mayor ingreso reportados en campaña, Elkin Bueno, afirma que de los $515 millones reportados, $80 provienen de recursos propios y $435 millones de 28 donaciones privadas.

La Administración Municipal inició una serie de operativos en contra de la propaganda política ilegal.

De acuerdo con el subsecretario del Medio Ambiente de Bucaramanga, Henry Sarmiento, hasta la fecha se han desmotado más de 200 pasacalles, 20 minivallas, 20 vallas, ilegales en toda la ciudad.

Fuente: La Vanguardia

 

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