La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos disciplinarios contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, por presuntamente realizar manifestaciones injuriosas contra servidores públicos y particulares durante su administración.
Las expresiones las habría realizado en el programa institucional ‘Hable con el alcalde’ y en otros medios de comunicación.
Cargos específicos
Según la Procuraduría, Hernández Suárez habría hecho señalamientos injuriosos en contra del entonces gobernador de Santander, Didier Tavera; el diputado del mismo departamento, Edgar Suárez Gutiérrez; el subcontralor de Bucaramanga para la época, Héctor Rolando Noriega, y el cuerpo de bomberos de la ciudad en algunas de las emisiones del programa ‘Hable con el alcalde’ y en entrevistas en medios de comunicación.
La Procuraduría afirma que Hernández pudo haber afectado los derechos de los servidores públicos, invadiendo incluso su esfera de vida personal y familiar, sin respetar su intimidad, dignidad, buen nombre e imagen ante la comunidad.
Tratos irrespetuosos
Rodolfo Hernández también deberá responder por los presuntos tratos irrespetuosos contra el ciudadano Fernando Martínez Arenas, de quien habría dicho en el mismo programa institucional que era un “vago sin sueldo”, que “deberían medicarlo” y “tocaba que lo llevaran al médico”.
Cargos graves
Los cargos disciplinarios se consideran faltas graves cometidas a título de dolo. En el mismo pliego de cargos, la Procuraduría ordenó el archivo de otros cargos por falta de pruebas concluyentes o falta de connotación disciplinaria.
Impacto en la comunidad
El presunto comportamiento del exalcalde de Bucaramanga es preocupante, ya que los servidores públicos merecen respeto y protección en el ejercicio de sus funciones. Los cargos presentados por la Procuraduría buscan asegurar la responsabilidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus deberes y en el respeto a los derechos de los ciudadanos.
Es importante recordar que la injuria y el irrespeto no tienen cabida en un Estado de derecho, y que el ejercicio de las funciones públicas requiere el más alto nivel de integridad y responsabilidad. La comunidad espera que este caso sea resuelto de manera justa y que se tomen las medidas necesarias para prevenir que este tipo de situaciones se presenten en el futuro.
