Luego de 11 años, la Procuraduría se equivocó al destituir al alcalde del Socorro, Ángel Antonio Acevedo Martínez, durante su gestión administrativa que adelantaba en el año 2006.
El Consejo de Estado falló a favor del exalcalde de los socorranos la demanda de nulidad, restablecimiento del derecho y reparación directa que presentó hace 11 años.
Así lo afirmó Acevedo Martínez, al precisar que el 15 de noviembre de 2017 fue notificado de la decisión a su favor.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo anuló su destitución como alcalde del Socorro, para el que había sido elegido para el período 2004-2007 y revocó la inhabilidad por 10 años que le había impuesto el Ministerio Público.
El funcionario fue destituido el 19 de abril de 2006 en primera instancia por quien era procurador provincial de San Gil, Jorge Horacio Trujillo, fallo que fue confirmado el 11 de noviembre de 2006 por el que fuera procurador regional de Santander, César Alfonso Parra.
El proceso disciplinario fue motivado por la supuesta inexistencia de estudios previos en un contrato de consultoría por 21 millones de pesos, que el entonces alcalde del Socorro había firmado para hacer un diagnóstico de los servicios públicos del municipio.
El Consejo de Estado anuló esa decisión “porque no hubo valoración de las pruebas que entregué”, aseguró Acevedo Martínez. Como consecuencia de la decisión, el Consejo de Estado condenó a la Procuraduría General de la Nación a pagar a Acevedo Martínez los salarios dejados de percibir desde la ejecución de la sanción hasta el 31 de diciembre de 2007, “sumas que deberán ser indexadas”.
Además, deberá pagarle 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por daños morales.
Como defensora del exalcalde de Socorro actuó en este caso la abogada Martha Pabón Páez, de Bogotá. Inicialmente, ejercieron su defensa en orden cronológico: Iván Ruiz Ariza, Jaime Franco (qepd) y Mario González Vargas, quien logró la suspensión provisional de la destitución de Acevedo Martínez en febrero de 2007, pero que el entonces gobernador Hugo Aguilar Naranjo no acató, al impugnar la decisión.
El fallo que había proferido la Procuraduría Provincial de San Gil el 19 de abril de 2006 fue conocido por los funcionarios de la Administración Municipal de Socorro en esa fecha en reunión que con tal fin hizo el entonces secretario de Gobierno del Departamento, Óscar Josué Reyes Cárdenas, recordó Acevedo Martínez.
“Recibo este fallo con mucha felicidad, y hay un cúmulo de sentimientos, poque queda nostalgia de que un proyecto administrativo se hubiera podido culminar, sin tener que haber involucrado el aparato estatal en mi contra, y que la politiquería ingresó a los entes de control, para haberme sacado, y que hoy en día en el máximo nivel de la justicia, manifiesta que la Procuraduría se equivocó y tienen que resarcir el daño, ya que afectaron mi buen nombre, a mi familia e hijos”, finalizó Ángel Acevedo Martínez.
VANGUARDIA
