Doña Carmen Rosa Pico tiene su caseta de ventas de periódicos, revistas y otros productos en la calle 35, entre carreras 14 y 15.
Ese ha sido su puesto de trabajo desde hace 40 años, pues los Decretos 093 y 197 le confirieron ese derecho.
Y a pesar de que otros acuerdos del Concejo, los 073, 026 y 020, le ratificaron el permiso de trabajar en el Centro, hace dos días la visitaron inspectores de la Corporación del Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga y le advirtieron que la reubicarán.
Ella y en todos los propietarios de casetas, adscritos al Sindicato de Vendedores de Periódicos, Revistas, Confitería, Refrescos y Similares, Sivoprensim, están preocupados por el anuncio.
¡Y no es para menos!
Cuatro décadas de trabajo, leyes y sobre todo la formalidad que los ha caracterizado, están a punto de desaparecer por una medida oficial.
Pedro Pablo García Salazar, presidente de este gremio, calificó el anuncio del supuesto despeje de casetas como “ilegal”.
Es más, prometió instaurar acciones de tutelas y de cumplimiento para exigirle al Municipio respeto por las leyes y la no violación de sus derechos a la propiedad y al trabajo.
“Es inadmisible que con el cuento de una campaña de recuperación del espacio público, que le ha quedado grande al Municipio, en lugar de sacar a los informales la Alcaldía pretenda expulsarnos a nosotros, quienes sí tenemos los papeles en regla”, añadió el directivo.
“Mientras la zona Centro está llena de miles de vendedores ambulantes que trabajan en medio de la ilegalidad e invadiendo vías y aceras, los inspectores no encuentran inconveniente alguno en irse lanza en ristre contra los que sí estamos acatando las órdenes y lo dispuesto por la ley”.
Respuesta oficial
Según Alba Navarro, secretaria del Interior, “los dueños de las casetas no aceptan ningún tipo de oferta institucional para su reubicación. Sin embargo, nosotros tenemos que agotar el debido proceso para hacer una concertación”.
“Ellos dicen que tienen decretos que los respaldan. En eso tienen razón, hay cosas que les acobijan, pero también hay muchas sentencias y jurisprudencias y principios constitucionales que priman el interés general sobre el particular”, aseguró.
Y añadió que: “en cuestión de andenes y vías lo que prima es el espacio público sobre cualquier cosa particular, todas esas variables son las que tenemos que sentarnos a analizar”.
“Sabemos que también se deben respetar los derechos a la defensa, a la igualdad y al trabajo”.
“Lo que se puede decir es que nos esperen hasta el año entrante. Después del 15 de enero nos sentaremos y hablaremos con los de espacio público y miraremos qué vamos a hacer”, puntualizó.
VANGUARDIA
