Medina Monsalve es investigado por las innumerables inconsistencias halladas en la ejecución del contrato del PAE 2016, celebrado por la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Educación por un peculado aproximado de 2 mil 120 millones de pesos.
Algunas de las irregularidades halladas son: la compra de tamales por un costo de 30 millones de pesos los cuales aparecen como entregados por una asociación de trabajadores de grúas, quienes aseguran nunca haber recibido el dinero; 48 falsedades en documentos , la mala calidad de los alimentos; entre otras.
Los delitos imputados son: celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público y privado.
Por este mismo caso de presunta corrupción también se encuentran privados de la libertad y recluidos en cárceles la Secretaria de Educación Departamental, Ana de Dios Tarazona; el Director del Plan de Alimentación, PAE, Aníbal Gonzalez Sánchez y la representante legal del operador Luisa Fernanda Flórez Rincón.
Gobernación se defiende
En declaraciones a Blu Radio, el mandatario departamental, Didier Tavera, aseguró que su administración cumplió con su labor de verificar el cumplimiento de la entrega y el pago de las raciones alimentarias; por lo tanto, según Tavera Amado, las irregularidades contractuales que hoy tienen en el ojo del huracán la transparencia del PAE en Santander son responsabilidad única del interventor del contrato.
“En lo que tiene que ver con el departamento de Santander y específicamente con la Secretaria, usted no encuentra una anomalía distinta al proceso de cómo les pagaron a ellos la alimentación, pero nunca que no se hubieran entregado las raciones, nunca que hubieran existido ‘estudiantes fantasmas’ y demás”, señaló Didier Tavera.
“Licitación transparente”
Del mismo modo, el mandatario de los santandereanos desvirtuó las acusaciones de la Fiscalía General que denuncian pliegos de condiciones direccionados para evitar la pluralidad de oferentes en la licitación del PAE, como efectivamente sucedió, cuando la empresa Surcolombiana de Inversiones se presentó como único oferente en el proceso licitatorio y posteriormente se quedó con el contrato que superó los $35 mil millones, incluidas adiciones.
“A mí lo que me dice la oficina jurídica y el informe de la misma Secretaría, es que eso no es cierto, que hay un pliego de condiciones que lo único que tiene diferente a los demás pliegos de contratación es que no hubiera anticipo precisamente para evitar que se desviaran los recursos y poder controlar”, agregó Tavera Amado.
El viernes pasado el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que con este operador del PAE se han dado presuntas irregularidades como el pago de $30 millones por el suministro de tamales a una empresa de grúas de Acacías, Meta, y de $20 millones a una asociación de padres de familia del Huila, para la preparación y entrega de postres, dinero que se presume entró a una fiducia y se usó para comprar un apartamento en Bucaramanga.
VANGUARDIA
