El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y su hijo, Luis Carlos Hernández están involucrados en un escándalo nacional por un presunto acuerdo de corretaje, es decir una especie de ‘lobby’ vinculado al proceso de adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología alternativa para el manejo de los residuos sólidos en El Carrasco, avaluado en cerca de 25O millones de dólares y que finalmente no se adjudicó.
Un acuerdo de corretaje es una especie de pacto por medio del cual una persona se convierte en intermediario para poner en contacto a dos o más personas, con el objetivo de que celebren un negocio comercial. Quien realiza esta intermediación, lobby o cabildeo recibe una compensación a cambio.
Ante la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación fue radicada en noviembre pasado una queja disciplinaria en contra del Mandatario de Bucaramanga, en donde señalan a su hijo Luis Carlos Hernández de presuntamente suscribir un acuerdo de corretaje en la firma del millonario contrato entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, y Vitalogic RSU, para construir una planta que transformará los residuos sólidos en energía eléctrica, en una concesión de 30 años.
