La Fiscalía General capturó ayer en su lugar de residencia al exalcalde Luis Francisco Bohórquez, por las presuntas irregularidades contractuales llevadas a cabo en su administración con miembros de la iglesia cristiana Manantial de Amor, tal y como lo denunció en su momento la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal.
Según el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien llegó a Bucaramanga para presentar los detalles del proceso penal en contra del exmandatario local así como de otros procesos por corrupción en la región, junto con Bohórquez Pedraza fueron capturadas nueve personas más entre funcionarios y contratistas que intervinieron en la celebración de contratos de obra y prestación de servicios en la Alcaldía de Bucaramanga con empresas relacionadas con la iglesia Manantial de Amor, por más de $15 mil millones.
“El ente acusador identificó que en la época de Luis Francisco Bohórquez como alcalde de Bucaramanga, personas cercanas a él entre ellas familiares constituyeron antes de la posesión varias sociedades, sociedades estas que lograron hacerse a varios contratos por un valor superior a los $15 mil millones.
Todas estas personas tenían un común denominador y es que eran feligreses de una iglesia cristiana llamada Manantial de Amor”, señaló el Fiscal General.
Además de Luis Francisco Bohórquez, la Fiscalía capturó a Clemente León, exsecretario de Infraestructura municipal, Andrea Liliana Parra, Uriel Ávila, Óscar Benavides, Leonardo Luna Escalante, pastor de las Iglesia Diana Isabel Murillo, Gloria Azucena Durán, Carlos Andrés Jaimes, y Fernando Díaz Garzón.
La investigación
Según pudo establecer la Fiscalía, las cinco empresas constituidas con el financiamiento de Leonardo Luna Escalante, fueron contratadas por la administración Bohórquez para realizar obras de reparación de parques, reparaciones eléctricas y podas de áreas públicas. Sin embargo, en la contratación de estas empresas se habrían omitido los principios de selección objetiva del contratista como lo obliga la ley.
“Las empresas contratistas habrían presentado propuestas con sobrecostos que según las indagaciones de la Fiscalía podían llegar hasta el 30%por encima del valor del mercado”, agregó Néstor Humberto Martínez.
Imputación de cargos
El Fiscal General confirmó que hoy a las 10:00 de la mañana tendrá lugar ante un Juez de Garantías la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los detenidos.
“Mañana el Fiscal encargado del caso ha tomado la decisión de imputar cinco delitos, contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento privado y falsedad material en documento público”, puntualizó Martínez Neira.
La Fiscalía General afirmó que esta audiencia revelará la totalidad del material probatorio que dio lugar al operativo de captura de los presuntos implicados.
Embargo de bienes a hugo aguilar
Así mismo, el Fiscal General confirmó que el ente acusador insistirá con el proceso de solicitud de embargo en contra de 32 bienes del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, avaluados por más de $6 mil millones en el catastro para la indemnización de víctimas de los paramilitares.
“La Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de medidas cautelares sobre 32 bienes de propiedad real o aparente del exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar, cuyo avalúo catastral asciende a $6.764 millones; con estas propiedades se busca garantizar recursos para resarcir parcialmente a las más
de 40.000 víctimas reconocidas por la Corte Suprema de Justicia, que condenó al exfuncionario por concierto para delinquir y lo responsabilizó de auspiciar la acción criminal del Bloque Central Bolívar de las extintas AUC en municipios de Santander”, informó Néstor Humberto Martínez.
Hugo Aguilar fue captado manejando un Porsche, vehículo que cuesta más de $350 millones, a pesar de que tiene una multa pendiente de $6.337 millones, la cual paga con cuotas de $500 mil mensuales por supuesta falta de recursos.
Planta de los angelinos
La Fiscalía además investiga el contrato de obra civil suscrito entre el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, cuyo gerente general para el momento era Ludwing Stünkel García, y el Consorcio Suratá 2015, representado legalmente por Aurelio Ignacio López Mier, para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable Los Angelinos y de la planta de tratamiento de lodos Bosconia, así como la puesta en marcha del sistema de regulación del río Tona, que surtiría el embalse que abastecería a Bucaramanga. El costo del contrato fue de $41.631.millones.
“Según la denuncia presentada por la gerente general de la Empresa de Acueducto Metropolitano, el contratista realizó manejos indebidos a los dineros entregados como anticipo, que correspondió al 30% del valor total del contrato y sumó más de $12 mil millones.
“Se radicó solicitud de audiencia de imputación contra Aurelio Ignacio López, representante del consorcio Suratá 2015 quien será imputado por peculado por apropiación a favor propio y falsedad en documento privado; Liliana Bohórquez Rueda, representante legal de Construvías, quien deberá responder por peculado por apropiación a favor propio y falsedad en documento privado; Ludwig Stünkel García, exgerente general del Acueducto quien será procesado por interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales así como peculado por apropiación a favor de terceros. La audiencia está programada para el 11 de diciembre del presente año, a las 9:30 de la mañana.
Cambios de usos de suelo en piedecuesta
El ente acusador indaga las presuntas irregularidades registradas a finales del 2015, cuando el entonces alcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra, emitió un decreto el 29 de diciembre de 2015, dos días antes de culminar su periodo constitucional, con el que permitió la modificación del uso del suelo a 22 predios rurales para que se convirtieran en áreas suburbanas. Esto, a pesar de que días atrás el Concejo de esa población había negado dicho cambio.
El acto administrativo fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Santander, que compulsó copias a la Procuraduría para la investigación disciplinaria.
“La audiencia de formulación de cargos contra el exalcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra Ayala, está programada para el 19 de diciembre del presente año. La Fiscalía imputará el delito de prevaricato por acción”, señaló en su informe el Fiscal General.
Inconsistencias en panachi
Dentro de los procesos investigativos de la Fiscalía General en Santander, el ente acusador indaga las presuntas irregularidades administrativas y financieras en el manejo de recursos desde 2007, fecha en la que fue creada la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, a partir de la denuncia ciudadana sobre el destino de los ingresos al parque.
Dentro de las indagaciones, la Fiscalía revisa las razones por las cuales tres exdirectores ejecutivos recibieron beneficios económicos que no estaban aprobados por la junta directiva y que ascendieron a $350 millones, así como los presuntos manejos irregulares en la contabilidad que no habrían permitido establecer con claridad si el número de visitantes al parque correspondería al registro real de las personas que ingresaron.
“El 21 de noviembre se radicó solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Carlos Fernando Sánchez, exdirector de Panachi, por el delito de peculado por apropiación, María Eva Bermúdez, asistente de gerencia de Panachi, por el delito de
peculado por apropiación, Daniel Enrique Valencia, exdirector ejecutivo de la entidad, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y Lucía Beatriz Alteiro Rincón, representante legal de Aparcando, quien deberá responder por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Las audiencias se realizarán el 16 de enero de 2018, a las 11:00 de la mañana.
Irregularidades en el pae santander
El Juez 17 de Control de Garantías acogió la medida de aseguramiento intramural solicitada por la Fiscalía General en contra de la secretaria de Educación departamental, Ana de Dios Tarazona; Aníbal González, coordinador del PAE Santander; y Luisa Fernanda Flórez, representante legal de Surcolombiana, por las irregularidades contractuales en el Programa de Alimentación Escolar en el departamento.
El Fiscal 20 de Delitos Contra la Administración Pública, Germán Peñaloza, les imputó a los tres sindicados, los delitos de: celebración indebida de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; peculado a favor de terceros, falsedad en documento público y privado.
Según el representante del ente acusador, los imputados tuvieron responsabilidad directa en las irregularidades en el contrato para la operación del PAE en colegios oficiales de 83 municipios no certificados de Santander, el cual tuvo un costo de $23 mil 845 millones y fue adjudicado a Surcolombiana de Inversiones, único oferente habilitado en la licitación, a pesar de las advertencias de las veedurías ciudadanas sobre el posible direccionamiento del proceso.
“El pliego de condiciones del contrato fue presuntamente
definido para que un solo proponente cumpliera los requisitos y exigencias de experiencia”, acotó el Fiscal General.
VANGUARDIA
