El primer informe de la operación ‘Guane I’ que adelanta la Fiscalía General contra la corrupción en Santander, también salpicó a las administraciones de Hugo Aguilar, (2004 – 2007) y Richard Aguilar, (2011 – 2015), por inconsistencias contractuales cuando estuvieron al frente del gobierno departamental.
El ente acusador investiga porqué Holger Díaz, cuando era secretario de Desarrollo en el gobierno de Hugo Aguilar; y Carlos Ibáñez, quien ejercía como secretario del Interior en la administración de Richard Aguilar, ordenaron el pago de dos contratos que sumaban $720 millones sin haber cumplido su objeto contractual a cabalidad.
Regalos ‘fantasmas’
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General revelan que el contrato 01724 celebrado el 13 de agosto 2007 por el entonces secretario de Desarrollo, Holger Díaz, con la Fundación para el Desarrollo Social y Proyección Comunitaria, Fundacon, para la adquisición de 130 mil regalos para niños del departamento de Santander por $650 millones, no fue ejecutado en su totalidad.
Según el ente investigador, a pesar de que muchos de esos juguetes no fueron adquiridos en realidad, Holger Díaz ordenó el pago de la totalidad del contrato.
Por este hecho, el pasado 24 de julio la Fiscalía realizó imputación de cargos contra: Holger Horacio Díaz Hernández, exsecretario de Desarrollo de la Gobernación; María del Pilar Solano Gómez, representante legal de Fundacon y Fanny Gómez de Cárdenas, supervisora del contrato.
Los tres implicados deberán responder penalmente por su presunta responsabilidad en los delitos de: peculado por apropiación; contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.
Capacitaciones a medias
Del mismo modo, la Fiscalía General investiga las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 04280 suscrito el 20 de septiembre de 2013 entre la Secretaría de Interior de la Gobernación en la administración de Richard Aguilar, a cargo de Carlos Ibáñez, y la Fundación Funprocom, para capacitar a líderes y dirigentes comunales del departamento.
El contrato tuvo un costo de $70 millones, los cuales fueron desembolsados en su totalidad.
Durante las verificaciones la Fiscalía encontró varias inconsistencias en la documentación que soportaba el proceso de contratación así como que las capacitaciones nunca se realizaron.
Por este hecho, el ente de control capturó a Irma Stella Martínez, representante legal de Funprocom, quien fue cobijada con medida de detención domiciliaria; a Salvador Plata, quien aceptó su responsabilidad en los hechos, por lo que recibió beneficio de detención domiciliaria y a Julián Másmela, particular interviniente, quien fue enviado a la cárcel.
La Fiscalía les imputó a los sindicados cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica y material de documento privado.
En el mismo proceso están vinculados: Carlos Ibáñez, exsecretario del Interior y Vanessa Calderón, supervisora del contrato, ambos citados a imputación.
La defensa de ibáñez
Por su parte, el exsecretario del Interior departamental, Carlos Ibáñez, aseveró que no incurrió en ninguna irregularidad contractual como lo acusa la Fiscalía, toda vez que él no tuvo responsabilidad en la ejecución y supervisión del contrato de capacitación de líderes comunales.
“Yo estuve al frente de la celebración del contrato, donde nos enfocamos en contratar una empresa con la idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual. Sin embargo, una semana después de la firma del contrato yo fui removido de la Secretaría del Interior y pasé a la cartera de Vivienda, por lo que no tuve nada que ver ni con la ejecución ni con el pago del contrato”, señaló Ibáñez, quien además afirmó que no ha sido llamado a imputación por parte de la Fiscalía.
La Contraloría departamental adelanta un proceso de responsabilidad fiscal contra Funprocom por cerca de $53 millones.
VANGUARDIA
