Con el acompañamiento legal de un grupo de juristas encabezado por el reconocido abogado Ramiro Bejarano, la directiva del concesionario Motoreste iniciará una disputa legal contra la distribuidora Automotores Toyota Colombia (ATC) por la “terminación unilateral y arbitraria” del contrato de concesión vigente hasta el pasado 31 de octubre, sin que según Motoreste, exista razón o causa alguna.
El pleito legal se desató el pasado 27 de octubre cuando Motoreste, uno de los concesionarios de Toyota en la capital santandereana desde hace 26 años, recibió un correo de ATC solicitando el “desmonte de la sucursal autorizada y demás actividades consecuenciales” como el retiro de señalización y pago de cuentas pendientes, con lo cual se daba por entendido que el contrato no sería renovado este año.
Tras una reunión con el consultor jurídico de la distribuidora Toyota, Julio Calderón, y otros representantes de ATC, el siguiente 2 de noviembre en Bucaramanga las partes no llegaron a ningún acuerdo por lo cual Motoreste ha decidido tomar acciones legales para defender sus derechos como empresa, por considerar que los actos de ATC son “temerarios y de mala fe, lesivos de la libre competencia” y que no sólo afectan a la organización sino a los consumidores.
“¿Qué va a pasar con el trabajo que hicimos nosotros para construir una clientela para Toyota? ¿La querían ellos? ¿Esta fue la fórmula de ellos para quedarse con esa clientela y con los beneficios de nuestro trabajo honesto por mantener el buen nombre de la marca y una preferencia en el servicio?”, cuestiona Alfonso Amaya Serrano, representante legal de Motoreste, argumentando que la terminación abrupta del contrato, cuando las expectativas y señales indicaban que sería renovado, alimenta la sospecha de que “todo era para apoderarse y aprovecharse” de la clientela y de los canales de distribución “que hemos construido durante tantos años de trabajo paciente”.
Toyota Colombia responde
Al respecto, Automotores Toyota Colombia (ATC) asegura que la decisión empresarial de la distribuidora automotriz “no busca un beneficio particular, sino un beneficio colectivo” y aclara que a la fecha no han sido notificada de ninguna acción legal “en contra nuestra por parte de Motoreste”, señaló Noel Ardila Rey, vicepresidente Comercial de ATC.
“En el mundo corporativo las relaciones contractuales tienen periodos de ejecución. En nuestro caso, nuestros contratos incluyen fechas de vencimiento. Esta no es una decisión extraordinaria. Hace parte de la operación normal de cualquier compañía”, puntualizó Ardila Rey, al destacar que la marca Toyota no ha salido de la región tras la finalización del contrato de concesión con Motoreste.
“La región de Santander y Norte de Santander es clave para nosotros y es por esta razón seguimos operando a través de tres Sucursales Autorizadas y tres concesionarios distintos. Toyota es una de las marcas preferidas por los santandereanos que valoran la calidad y excelencia. Hemos crecido en los últimos años y esperamos seguir expandiéndonos con lo mejor del servicio de venta y posventa”, apunta el Vicepresidente Comercial de ATC.
Incertidumbre entre empresarios, empleados y clientes
Motoreste fue el primer concesionario autorizado de Toyota en Santander, con 26 años de trayectoria en Bucaramanga: “nunca pedimos un plazo extra o incumplimos los pagos, siempre se les cumplió religiosamente los compromisos que teníamos”, afirmó Alfonso Amaya, gerente de Motoreste.
Además, el concesionario manifiesta que tenía previstas importantes inversiones para el 2018 “en terrenos nuevos para ampliar y mejorar las vitrinas de exhibición y los talleres de servicios”.
Por eso, la mayor inquietud del representante legal de Motoreste son los daños y perjuicios, no solo para la empresa, sino para los clientes de Toyota en la región, así como para los más de 80 empleados directos “que trabajan con nosotros, y sus familias que ahora están en la incertidumbre de que pueden quedarse sin trabajo”.
VANGUARDIA
