Representantes del transporte público le solicitaron al Juez 15 Administrativo contemplar medidas más drásticas y de estricto cumplimiento, para combatir el transporte informal en el área metropolitana. Según ellos, los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón no han actuado como lo indica el fallo de una acción popular que se profirió en 2013 y, posteriormente, se ratificó en segunda instancia.

Aseguran que, por lo menos, en los operativos que, por órdenes judiciales y leyes, están obligados a poner en marcha los mandatarios, en conjunto con sus entidades y secretarías de tránsito, no han sido suficientes para controlar a las personas dedicadas a la ‘piratería’.

Es más, lo dispuesto en el plan de acción que era cancelar la licencia de conducción a quien fuera reincidente de la infracción D12 (conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito) por más de tres veces, tampoco ha dado los resultados que esperaban.

Carmelo Guerrero Hernández, representante de la Asociación de Taxistas del Área Metropolitana de Bucaramanga, Asotamb, aseguró que, en este sentido, lo único que piden al Juez 15 Administrativo es ya dar por terminado el proceso judicial con un fallo sancionatorio para todos los alcaldes por el incumplimiento al fallo de la acción popular y una medida determinante como la aplicación de los decretos nacionales 4116 de 2008 y 2961 de 2006.

Según Guerrero, de aprobarse esta solicitud no se estaría perjudicando a las familias, teniendo en cuenta que en el artículo tercero del Decreto 2961 de 2006 se deja claro que la medida restrictiva de parrillero exceptúa a los miembros del núcleo familiar del propietario o conductor de la motocicleta.

“Nosotros queremos que se quite el parrillero, que está beneficiando al conductor que presta un servicio de transporte no autorizado. En los últimos cuatro años venimos registrando pérdidas del 40% sobre nuestros ingresos debido a la informalidad”, subrayó Guerrero Hernández.

Total oposición

Sin embargo, esto no es lo que piensan los mandatarios del área. El alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, rechazó de manera contundente la medida de prohibición del parrillero. Considera que no es apta, ni necesaria, en el área metropolitana de Bucaramanga, mucho menos en Floridablanca.

“No podemos estar reprimiendo, ni castigando al resto de motociclistas cuando apenas un 7% de ellos se dedica a la informalidad, por lo menos en esta ciudad. Entonces, aquí no se trata de buscar una salida de represión, sino de dar alternativas que deben venir hoy en día acompañadas con una política pública de la Nación. El problema de la informalidad es nacional. Hasta donde podemos hemos buscado, no solamente garantizar que se cumpla la legalidad, si no evitar que nuestra ciudadanía también termine percibiendo un daño en su derecho a la movilidad”, precisó el mandatario.

Quien también se mostró en total desacuerdo con la proposición fue el alcalde de Girón, Jhon Abiud Ramírez Barrientos. “No estoy de acuerdo en prohibir el parrillero. Por unos pocos no podemos afectar a las personas que utilizan la moto, como para de su desarrollo diario. La gente de bien utiliza este vehículo para ir a su trabajo, a la universidad, a hacer vueltas personales”.

El mandatario de los bumangueses, Rodolfo Hernández Suárez, por su parte, también se negó a imponer una medida como esta. “No se propondrá ninguna medida adicional. Bucaramanga es el único en el área metropolitana que cuenta con la medida del Pico y Placa. De implementarse otra restricción, generaría un colapso de la movilidad”.

Vanguardia también intentó conocer la posición que tienen del alcalde de Piedecuesta, Danny Ramírez Rojas, frente a este tema, pero no fue posible establecer comunicación. Los mensajes no fueron contestados, tampoco las llamadas.

Fuente: Vanguardia

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