Polémica por adición a contrato de vigilancia de Alcaldía de Bucaramanga

La decisión de la Alcaldía de Bucaramanga de adicionar el 50% del contrato de vigilancia del municipio, suscitó la suspicacia de algunos veedores ciudadanos quienes consideraron que la adición no es proporcional entre el costo y el tiempo de ejecución del contrato.

“La Alcaldía de Bucaramanga contrata servicios de seguridad por 7 meses a $2.200 millones de pesos y hace adicional por 38 días de $1.100 millones”, cuestionó Manuel Parada a través de su cuenta de Twitter.

Así mismo, el veedor cuestionó que la adición del contrato hubiese sido justo con el valor máximo permitido por la Ley.

Regla de tres no aplica

Ante los señalamientos de Parada, el asesor en temas de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga, Rodrigo Fernández, confirmó que efectivamente la administración municipal por medio de la Secretaría Administrativa, autorizó el adicional del contrato de vigilancia del municipio por 50% del valor total del contrato, pero, desestimó que dicha adición presente alguna irregularidad.

“Acá no aplica la regla de tres simple como lo quieren hacer ver, porque debemos tener en cuenta que en el transcurso del año la Alcaldía aumentó los puestos de vigilancia, situación que conllevó a que los recursos del contrato tuvieran que ser adicionados y dicha adición ya no era con los mismos puntos, ni por el mismo tiempo con el que se contrató inicialmente”, explicó Rodrigo Fernández.

Según Fernández, el contrato de vigilancia pasó de tener 42 a 54 puntos de atención, razón por la cual se incrementó el costo del contrato de adición.

Ante este argumento de la administración, Manuel Parada, cuestionó la falta de planeación de la Alcaldía de Bucaramanga, para este tipo de contratos.

“Donde está el principio de Planeación? Vuelvo a preguntar muy respetuosamente, ¿por qué esos 12 puntos no fueron tenidos en cuenta en el contrato inicial?”, trinó el veedor ciudadano.

Descartan sobrecostos en la plaza Guarín

De la misma forma, Rodrigo Fernández desestimó las acusaciones de Manuel Parada sobre los posibles sobrecostos que generaría la suspensión temporal del contrato de remodelación de la Plaza de mercado Guarín por la falta de unos permisos.

Según explicó Fernández, en el acuerdo contractual el contratista fue quien quedó encargado de realizar el trámite para el manejo de tráfico y la licencia ambiental para la tala de árboles, razón por la cual, la suspensión temporal de la obra no conllevaría a un sobrecosto de la misma.

Versión contraria sostiene Manuel Parada, quien considera que la Alcaldía incurrió en irregularidades contractuales al haber firmado el acta de inicio y dar anticipo, sin tener los permisos exigidos por la obra.

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