Relleno Doña Juana, un vecino incómodo
Antes de la llegada de Doña Juana, mal contadas, eran 30 casas en terrenos rurales. Eran campesinos. Desde el martes 1.° de noviembre de 1988, cuando el relleno comenzó a operar en los alrededores de lo que los pobladores conocían como la finca de La Fiscala y cuando no había ningún desarrollo urbano, las cosas comenzaron a cambiar.
Sobre un mapa de 1984 trazado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el director operativo de evaluación y seguimiento ambiental de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Carlos Arturo Álvarez Monsalve, comenzó a contar los predios identificados en los dos Mochuelos.
Eran los tiempos de las fincas conocidas con los nombres de La Alberca, Campo Alegre, El Diamante, Portacomida, Cañada del Zorro y Barranquilla, en el sector de Mochuelo Alto, en la vía a Pasquilla. Y en el Mochuelo Bajo, hacia Bogotá, por la misma carretera estaban la iglesia María Reina del Mundo, Lindas Rosas, Tienda Nueva, Las Lindas Rosas, Puerta de Llave, El Descanso, Villa Mar y otro identificado como Avianca.
“Los Mochuelos sí existían pero en condiciones de ruralidad; eran casas campesinas, no existía división para el urbanismo”, afirma el experto en rellenos sanitarios de la Corporación Autónoma Regional.
Lo que cuentan los vecinos de la zona es que parte de esos terrenos eran de propiedad de un coronel que cuando murió heredó a sus hijas y de allí pasaron a unos posibles intereses particulares, y fue ahí cuando se comenzó a fragmentar el terreno, a parcelarlo y a venderlo.
Así, mientras que la parte alta quedó en su mayoría en manos de gentes del campo que ya habitaban la región, la zona baja se fue alejando de su vocación rural para darles paso a los asentamientos ilegales.
Con la complicidad de urbanizadores piratas, cuentan los ciudadanos del sector que piden no revelar sus nombres, se vendieron lotes a personas de escasos recursos, a desplazados de la violencia con problemas de nutrición, de dieta alimenticia y de ingresos. Y también a las familias de recicladores de oficio que vivían enterrados en los botaderos a cielo abierto de El Cortijo y Gibraltar que estaban a punto de cerrar.
Fue por no alejarse de su fuente de subsistencia que se fueron a vivir a los Mochuelos.
El Mochuelo Bajo comenzó a crecer de forma desorganizada con cambuches, casas de lata, maderos y otros materiales reciclados y ladrillo, muchos de ellos bajo el yugo de tierreros.
En las fotos aéreas que acompañan esta información y que fueron suministradas a EL TIEMPO por el Agustín Codazzi (Igac), se ve cómo la zona se fue densificando casi que de forma paralela al relleno.
Desde entonces han pasado muchas cosas, entre esas que en 1999, con un terreno fragmentado, consolidado y familias en situación de marginalidad, mediante Resolución 017, el alcalde, Enrique Peñalosa, en su primer mandato, legalizó los cuatro barrios que en ese momento componían el Mochuelo Bajo: Barranquitos, Esmeralda, Lagunitas y Paticos. En total 23,82 hectáreas, 1.543 lotes con una población estimada de 8.332 personas.
Al revisar las imágenes satelitales comparadas con las fotos aéreas entregadas por el Igac e información complementaria suministrada por la CAR y Planeación Distrital, se evidencia la mancha de la presión urbana. Los lotes sobre la carretera Pasquilla-Bogotá en la zona baja están en promedio a $ 50 millones y hacia la parte alta de la montaña entre 15 y 20 millones de pesos.
Según las proyecciones oficiales, sumadas las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de El Tesoro, Monte Blanco y Mochuelo, hay al menos 61.921 personas en la zona de influencia del relleno sanitario, de las cuales se estima que 10.000 personas viven en el Mochuelo Bajo y 1.200 en la zona alta. Sin embargo, las cifras no son exactas porque no hay un censo poblacional: cada día que pasa llegan más y más familias.
En el terreno las cosas no cambian mucho. Esta semana continuaron las construcciones ilegales, las ventas de lotes y hasta a los habitantes de la zona les parece como una novela de realismo mágico que un restaurante conocido como Casa Vieja El Ariolo, con mirador, esté justo a la salida posterior de Doña Juana, donde la mejor panorámica es, precisamente, hacia el cerro donde hoy se depositan las basuras.
Mochuelo Alto también ha sufrido transformaciones. El centro poblado va en aumento, se construyó una cancha múltiple que está subutilizada. Por la vía que conecta a los Mochuelos pasan a diario unos 20 buses de rutas escolares que se disputan la vía con los buses del SITP, camiones lecheros, volquetas de ladrillos y camiones de carga que llevan productos hacia Corabastos. Este año se han realizado en la región festivales ganaderos, culturales y campesinos como lo reportó la alcaldía de Ciudad Bolívar. También avanza la construcción de una pista de karts.
Así las cosas, hoy, 29 años después, los Mochuelos y Doña Juana –el relleno que nadie quiere tener al lado pero es indispensable para una ciudad de más de 8 millones de habitantes– son dos vecinos incómodos que no se soportan pero que están obligados a convivir, una relación que tiende a empeorar no solo por la presión de las construcciones, ilegales o legales, sino por que no hay otro sitio dónde disponer la basura, pues ya se habla de que el relleno irá hasta el año 2070.
No hay que olvidar que hace 20 años, por esta misma época, se presentó el derrumbe de más de un millón de toneladas de basura mal acumuladas que puso a la ciudad en emergencia ambiental. Los residuos quedaron esparcidos en un radio de 1.500 metros de largo, llevó a que los olores se extendieran varios kilómetros a la redonda, un desastre que puso en evidencia la fragilidad de una ciudad en la que hoy en lugar de reciclar y reducir los residuos, estos parecieran ir en aumento.
Una olla a presión política y económica
A la presión urbana se suma que la zona es un polvorín político. No en vano varios candidatos están a la caza de votos y utilizan estos barrios como fortines políticos, tal y como lo advierten también líderes de esas zonas que prefieren mantener su anonimato.
Como si esto fuera poco, el alcalde Peñalosa dijo en el debate de la comisión V de la Cámara sobre Doña Juana que allí hay muchos intereses económicos escondidos detrás de esos intereses políticos. Y recordó que por cuenta de una indemnización por el derrumbe de basura se obligó a pagar más de 240.000 millones de pesos de los cuales 11.500 millones fueron para uno de los abogados que llevó a cabo ese negocio. Se refirió a Guillermo Asprilla, padre del representante a la Cámara, Inti Asprilla.
Ante esto, el político sacó su declaración de renta y la ventiló en el debate y en redes sociales.
FUENTE EL TIEMPO