Mientras las operaciones de búsqueda con ayuda internacional del submarino ARA San Juan intentan traer algún indicio de dónde puede estar la nave desaparecida hace 13 días, las sombras se ciernen sobre las baterías donde hubo un incendio y pudo haber generado la explosión.
El lunes trascendió el último reporte enviado por el capitán del sumergible horas antes de perder contacto con la base de operaciones y de que organismos internacionales detectaran una explosión en el camino de la nave.
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Según esa comunicación, el submarino sufrió un “principio de incendio” ocasionado por un cortocircuito en un sector donde están alojadas las baterías que lo alimentan de energía y al que había ingresado agua de mar a través del sistema de ventilación. De ahí se supo que las baterías no habían sido cambiadas sino remachadas. Lo más inquietante es que el contrato del anterior gobierno con la empresa alemana que reparó las baterías está en la mira de la Oficina Anticorrupción que planea denunciarlo en la Justicia.
Según publicó el diario Clarín, “el contrato de carácter confidencial entre el ministerio de Defensa y la alemana Ferrostaal AG está titulado ‘Provisión de Elementos de baterías para submarinos y accesorios’ y fue firmado el 30 de noviembre del 2001 entre Defensa, la Armada y Ferrostaal en Bonn. El precio fue de 3.550.317 euros e incluía celdas Varta, tapones de servicio y todo tipo de juegos de mangueras, entre otros artículos consignados en sus más de 300 páginas. Está firmado por el presidente y apoderado de Ferrostaal Argentina, Miguel Bernando Von Oppen, y el director general de Material Naval, contraalmirante Gustavo Leprón”.
Además, se anexaun contrato por “trabajos de replacado de 964 celdas de batería de propulsión para el submarino ARA San Juan” entre la Armadas y la empresa alemana Hawker Gmbh, por 5.100.000 euros y fue firmado por el gerente de Hawker y el jefe de la comisión naval argentina en Europa, capitán de navío Néstor Costa.
Ferrostaal reconoció en 2010 ante la Justicia alemana haber pagado más de 200 mil euros en coimas por la frustrada compra de un patrullero multipropósito en forma conjunta con Chile. El juez federal Ariel Lijo procesó y embargó a todos los implicados, pero la Cámara Federal porteña, en épocas del destituido juez Eduardo Freiler, revocó varios de los procesamientos.
TN