Tras varios días de discusión en los que incluso intervino el Gobierno Nacional, la Comisión Primera del Concejo decidió hundir el proyecto de Acuerdo que establecía el nuevo estatuto tributario para el municipio de Bucaramanga.
Según los cabildantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa registraba incertidumbres jurídicas que no brindaban garantías para la aprobación de un estatuto que contemplaba el aumento del rubro de cobro de seis impuestos ya existentes y la creación de dos gravámenes más, entre ellos el de la telefonía celular.
“No existe una normatividad vigente que dé viabilidad jurídica a impuesto telefonía móvil. La Alcaldía de Bucaramanga no puede crear una gravamen como este, toda vez que el impuesto de telefonía móvil solo aplica para el ámbito nacional y no para el local, así que este tributo es inconstitucional e inaplicable”, señaló el concejal del Centro Democrático, Arturo Zambrano.
Sin acatamiento
Del mismo modo, el presidente del Concejo, el liberal Jaime Andrés Beltrán, indicó que el estatuto tributario ha sido objeto de modificaciones y recomendaciones por parte del Concejo que no han sido tomadas en cuenta por la administración.
“Varias veces ha sido devuelto a la administración y nuevamente lo presentan igual sin ningún tipo de correcciones”, señaló el Presidente de la Corporación.
En el mismo sentido, Beltrán Martínez insistió en que el Concejo se opondrá rotundamente a la creación de nuevos impuestos en la ciudad.
Inaplicable
En el debate del proyecto de Acuerdo intervino hasta el Gobierno Nacional a través del viceministro de las Telecomunicaciones, Juan Sebastián Rozo, quien ratificó que el impuesto a la telefonía celular es inaplicable en la capital santandereana y que estas iniciativas no prosperaron en otras ciudades por su falta de fundamento jurídico.
“Para poder habilitar la implementación de este impuesto, tendría que haber una Ley que en este momento es inexistente en el país”, concluyó el funcionario que actuó como Ministro encargado.
El Viceministro aseguró que la iniciativa de gravar la telefonía celular además de aumentar la carga tributaria, también amplía las brechas de desigualdad en la ciudad.
“Un impuesto a la telefonía celular en este sentido amplía la brecha digital y al acceso de comunicación de los bumangueses”, puntualizó Rozo.
Según el Gobierno Nacional, el único que puede aprobar un impuesto a la telefonía celular es el Congreso de la República.
Evaluarán el tema
Tras el hundimiento del proyecto del estatuto tributario por tercera vez consecutiva a manos del Concejo, la administración municipal revaluará la iniciativa.
“Vamos a evaluar lo sucedido para mirar qué decisión tomamos con respecto al estatuto que es necesario para mejorar los ingresos del municipio; sin embargo, por ahora nos vamos a enfocar en el debate del proyecto de presupuesto de la Alcaldía para la próxima vigencia”, aseveró Manolo Azuero, jefe de gobernanza de la Alcaldía.
Precisamente sobre el trámite del presupuesto, la administración municipal continúa inconforme con el cabildo ya que este último continúa sin publicar la agenda de debates de la iniciativa que le permita a los funcionarios y sociedad participar de manera actividad en la discusión del proyecto.
VANGUARDIA
